En el año 1993 Guatemala participaba de una joven democracia de siete años, debilitada continuamente por frecuentes acontecimientos de violencia y corrupción. Las primeras manifestaciones masivas de descontento popular se mostraron en marzo como protestas en contra de incrementos a los precios de la energía y el transporte.
El 12 de mayo, el estudiante de 17 años Abner Adiel Hernández fue asesinado en una violenta protesta frente al Congreso, como se comprobó en video, por la seguridad personal de un diputado.
El descontento público continuó creciendo llevando a un paro general convocado para mediados del mes de mayo. Al mismo tiempo, una ola intensa de intimidaciones acosó al país, en la cual un catedrático universitario fue muerto a balazos, tres estudiantes fueron secuestrados en la vía pública y los cadáveres de personas asesinadas al azar aparecían sin orejas. Finalmente, una moción de la Alianza Cívica ante la Contraloría General de Cuentas para investigar las finanzas de Serrano, quien se había hecho de lujosas propiedades en su corto tiempo de mandatario, fue la última acción de la agitación ciudadana.
Entre las medidas anunciadas en cadena nacional se mencionaron la suspensión de más de cuarenta derechos constitucionales, así como de las Leyes de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Desde la temprana mañana, las casas del Procurador de los Derechos Humanos, del Presidente del Tribunal Supremo Electoral y del Presidente del Congreso fueron rodeadas por cordón policial.
No obstante, la Corte de Constitucionalidad, presidida por Epaminondas González Dubón decretó el mismo día ilegítimas e inconstitucionales las disposiciones de las denominadas Normas Temporales de Gobierno. Igualmente el Tribunal Supremo Electoral, presidido por Arturo Herbruger Asturias, descartó la orden de Serrano de convocar inmediatamente a elecciones legislativas.
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